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La Superintendencia de Bancos (SIB), a través de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (Prousuario), disminuyó en un 48% el tiempo de respuesta a las solicitudes de autorización de contratos que enviaron las Entidades de Intermediación Financiera (EIFs), en el período comprendido del 2014 a marzo del 2019.
El organismo supervisor recibió un total de 4,317 solicitudes de Autorización de Contratos, desglosadas de la siguiente manera: 148 correspondientes al 2014; 704 en 2015; 765 en 2016; 918 para 2017; 1,446 en 2018, y 336 hasta marzo 2019.
Del total recibido, 2,102 solicitudes corresponden a Bancos Múltiples, para un 49%; 1,118 a Asociaciones de Ahorros y Préstamos, para un 26%; 781 a Bancos de Ahorro y Crédito, para un 18%; 300 a Corporaciones de Crédito, para un 7% y 13 a otras entidades.
El 100% de las solicitudes recibidas se respondió en el tiempo que establece el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, disminuyendo de 30 días calendario a 11 días hábiles, para una diferencia de 10 días.
El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, resaltó que en el período citado la remisión de las solicitudes de autorización de contratos se ha incrementado debido a dos factores importantes que son la inclusión de los elementos de protección al usuario en las supervisiones bancarias y el compromiso asumido por las EIFs de cumplir con las disposiciones del citado Reglamento.
En ese sentido, 2,566 solicitudes fueron desestimadas, para un 60% del total; 1,236 no tuvieron objeciones y representaron un 29%, mientras que 396 correspondieron a expedientes cerrados a requerimiento de las entidades solicitantes, para un 9%, y 75 concluyeron con otras decisiones, para un 2%. Al día de hoy se están trabajando 44 solicitudes.
Según establece el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, las Entidades de Intermediación Financiera deben enviar los modelos de contratos, al organismo supervisor a fin de revisarlos.
En otro orden, el director de Prousuario, José Núñez, destacó que durante el período comprendido desde el año 2015 a marzo de 2019, se realizaron un total de 1,832 consultas de información financiera, distribuidas de la siguiente manera: 346 en el 2016; 482 en el 2017; 666 en 2018 y 338 de enero a marzo de 2019.
Afirmó que “Prousuario ha venido mejorando la calidad del servicio que ofrece al público y a las Entidades de Intermediación Financieras de manera constante y sostenida, tal y como que lo demuestran estas estadísticas correspondientes al periodo 2014-2019”.
La falta de un marco jurídico institucional para las asociaciones público privadas (APPs), en donde los inversionistas sepan cuáles son las reglas de juego con las que pueden operar en igualdad y con independencia, constituye uno de los factores que resta competitividad a República Dominicana.
El planteamiento lo hace Miguel Coronado Hunter, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en República Dominicana, quien destaca el momento que vive el país, con su crecimiento económico y discutiendo en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Alianzas Público Privadas, a partir de una iniciativa enviada al Senado por el presidente Danilo Medina, el 26 de diciembre de 2018.
“Nosotros tradicionalmente solo trabajamos mediante compra, una licitación, y después nos quedamos con la operación y mantenimiento y a veces no somos muy efectivos”, dijo. “Entonces -añadió- cuando tienes estos contratos de APPs de largo plazo en la prestación de un servicio, tú lo que estás es pensando es, cómo vas a prestar de una forma más eficiente, dentro de unos plazos específicos, la prestación de un servicio con calidad”, dijo.
Miguel Coronado Hunter, representante del BID en RD.
El ejecutivo bancario participó en el Desayuno Financiero de elDinero. Le acompañaron Joaquín Zentner, Economista País del BID, y Omar Zacarías, especialista del BID Invest, Carolina Lembo (desde Washington y en vídeo conferencia) y Patricia Reinoso, del área de Comunicación. Los ejecutivos del organismo internacional conversaron con un equipo de reporteros encabezado por Jairon Severino, director del periódico.
El representante del BID insiste en la importancia de la una ley que genere confianza. “Los inversionistas siempre están buscando esa certeza en los mercados, y se va a reflejar cuando tengan acceso al Infrascopio de cuáles son los países que tienen unos marcos legales actualizados, que dan las oportunidades para que el sector privado venga a un país a hacer las inversiones y prestar los servicios que queremos que sean trabajos de alta calidad y en beneficio de toda la población”.
El último Infrascopio data de 2017, explica Lembo, experta del BID en Alianzas Público Privadas (APPs). El documento establece textualmente que “República Dominicana tiene un entorno propicio deficiente para asociaciones público-privadas en infraestructura”.
Añade que “en términos de la madurez general de las asociaciones público privadas, el país se considera como incipiente, y se ubica en el 15 lugar entre 19 economías latinoamericanas y del Caribe evaluadas en el Infrascopio del FOMIN (2014), sin haber registrado ninguna mejora en los últimos años”.
El informe plantea que República Dominicana “está a la zaga del promedio de América Latina y el Caribe en todas las dimensiones del Infrascopio, y entre 2009 y 2014 sufrió un deterioro de las dimensiones de marco institucional y clima de inversión”.
Sostiene que la ausencia de un marco normativo e institucional específico obstaculiza el desarrollo de las alianzas público privadas en República Dominicana.
“República Dominicana carece de una legislación específica sobre dichas asociaciones, y estas se ejecutan en virtud de una ley general de contrataciones y adquisiciones, con proyectos ejecutados de manera ad hoc sin un marco estandarizado”, dice.
Reconoce que, pese a la falta de un marco normativo e institucional, República Dominicana “ha sido el país más activo del Caribe en términos de inversiones mediante asociaciones público privadas”, ya que entre 1994 y 2015 sus inversiones mediante este mecanismo ascendieron a US$3,355 millones en 21 proyectos. Los sectores de electricidad (53%) y vial (31%) fueron sus principales propulsores.
Optimismo
Los ejecutivos del BID entienden que República Dominicana muestra señales de impulsar un cambio. Recientemente una misión del banco y del Gobierno se reunió con asociaciones del sector privado para conversar sobre la relevancia de las alianzas público privadas y los casos de éxito en proyectos de infraestructura ejecutados en América Latina.
Coronado Hunter resalta las intenciones del organismo internacional de seguir apoyando al país. “Tenemos una muy buena relación, el banco en los años previos, y con mi llegada, hemos podido seguir avanzando en la agenda de desarrollo, en colaborar nosotros en los proyectos emblemáticos que el Gobierno tiene, tanto con el brazo del sector público como con brazo del privado”.
Necesidad de inversión en la región
“Hoy en día estamos hablando que en la región se necesita entre un 5% y un 8% de la inversión del producto interno bruto (PIB) para detonar las inversiones que se requieren, cuando realmente nuestros países están invirtiendo un 2% o un 2.5%”, dice Miguel Coronado.
También reflexiona sobre el hecho de que se ha limitado el gasto público, como una manera de preservar el sostenimiento de la deuda en muchos de los países de Latinoamérica.
“Entonces, se presenta esta oportunidad de traer este nuevo instrumento (las APPs) y experiencias, sobre todo del sector privado, para la prestación de servicios”, resalta.
Sostiene que las APPs aportarán innovaciones sobre cómo se costea una obra, ya no solo los costos presentes, sino futuros, son calculados, lo cual lleva a tener una mejor programación en la ejecución de un proyecto.
